cumplimiento normativo
La Ley 21.663 define como infraestructura crítica de la información a todos aquellos sistemas y redes cuya afectación puede comprometer funciones esenciales para el Estado o la sociedad chilena. La norma identifica explícitamente los sectores prioritarios: energía, agua, telecomunicaciones, transporte, banca y mercados financieros, salud, y administración pública. Cada
cumplimiento normativo
La Ley 21.663 no es una norma de buenas intenciones: incluye un régimen sancionador con capacidad real de impacto económico. Las organizaciones que incumplan sus obligaciones pueden enfrentarse a multas de hasta 40.000 UTM, lo que equivale a varios millones de dólares según el valor de la Unidad
Respuesta a incidentes
Uno de los aspectos más exigentes de la Ley 21.663 chilena es el régimen de notificación obligatoria de incidentes. Los operadores de importancia vital deben comunicar al CSIRT Nacional cualquier incidente que afecte significativamente a sus sistemas, y lo deben hacer dentro de plazos estrictos que no dejan margen
cumplimiento normativo
Uno de los conceptos clave de la Ley 21.663 es el de operador de importancia vital (OIV). Se trata de aquellas organizaciones cuya interrupción podría causar un impacto grave en la seguridad, la economía, la salud pública o el suministro de servicios esenciales. Ser clasificado como OIV supone asumir
cumplimiento normativo
La Ley 21.663 creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), el organismo público encargado de diseñar la política nacional, emitir normas técnicas obligatorias y supervisar el cumplimiento de la normativa de ciberseguridad en Chile. Su creación marca un antes y un después en la gobernanza digital del país. La
cumplimiento normativo
Chile dio un paso histórico al promulgar la Ley 21.663, la primera ley específica de ciberseguridad del país. La norma establece un marco regulatorio integral que obliga a los sectores críticos a implementar medidas de protección, notificar incidentes y someterse a la supervisión de una nueva autoridad pública. Con
gestión de riesgo
La Ley 21.663 exige a los operadores de importancia vital adoptar un enfoque sistemático de gestión de riesgos de ciberseguridad. Esto va mucho más allá de instalar un antivirus o configurar un firewall: implica identificar activos, valorar amenazas, evaluar el impacto potencial y aplicar controles proporcionados al nivel de
cumplimiento normativo
Aunque la Ley 21.663 chilena y la Directiva NIS2 europea son instrumentos jurídicos de jurisdicciones distintas, comparten una misma filosofía regulatoria: proteger las infraestructuras críticas mediante obligaciones específicas de seguridad, notificación de incidentes y supervisión activa. Comparar ambas normas permite a las organizaciones que operan en ambos mercados identificar
ens
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es el marco de referencia de ciberseguridad para las administraciones públicas en España. Y si tu empresa trabaja con el sector público, también te afecta a ti. ¿Qué es el ENS? Regulado por el Real Decreto 311/2022, el ENS establece los principios básicos
cumplimiento normativo
La promulgación de la Ley 21.663 ha transformado el perfil del Chief Information Security Officer (CISO) en las organizaciones chilenas sujetas a su ámbito de aplicación. Lo que antes era un rol técnico a menudo relegado a niveles intermedios de la jerarquía corporativa, se convierte ahora en una función
cumplimiento normativo
El sector financiero chileno ya contaba antes de la Ley 21.663 con exigencias de ciberseguridad impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La nueva ley añade una capa adicional de obligaciones y crea una dualidad regulatoria que los bancos, aseguradoras y gestores de fondos deben gestionar con
cumplimiento normativo
La Ley 21.663 no se limita a los operadores de importancia vital directamente identificados. Tiene también un impacto indirecto pero significativo sobre los proveedores de servicios tecnológicos que dan soporte a esos operadores: empresas de software, integradores de sistemas, proveedores cloud, gestores de comunicaciones y cualquier otro tercero con