Costa Rica y la OCDE: qué implica para la regulación de ciberseguridad
Costa Rica inició formalmente su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2020 y avanza hacia convertirse en miembro de pleno derecho. Este proceso tiene implicaciones directas en múltiples ámbitos de política pública, incluyendo la ciberseguridad y la protección de datos, áreas en las que la OCDE tiene estándares y recomendaciones bien establecidos.
La OCDE ha desarrollado directrices sobre seguridad de sistemas de información, privacidad y gobernanza digital que sus miembros deben implementar. Para Costa Rica, el proceso de adhesión incluye una revisión de su marco normativo en estas áreas y la identificación de brechas respecto a los estándares de la organización. Esto actúa como un acelerador de la modernización regulatoria en ciberseguridad.
Impacto en el sector empresarial
La pertenencia a la OCDE no solo afecta al gobierno: tiene implicaciones para las empresas que operan en Costa Rica. Los estándares OCDE en materia de privacidad —las Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data— son más exigentes que la actual Ley 8968, por lo que es previsible que la normativa costarricense evolucione en esa dirección durante el período de adhesión.
Las empresas que se preparen ahora para los estándares OCDE —mayor transparencia en el tratamiento de datos, notificación de brechas, evaluaciones de impacto en privacidad— no solo estarán en mejor posición de cumplimiento cuando la normativa se actualice, sino que también ganará credibilidad ante socios y clientes internacionales que exigen esos estándares.
Las empresas que se alineen ahora con estándares OCDE en seguridad estarán mejor posicionadas cuando la normativa costarricense evolucione en esa dirección. Blindara proporciona la base técnica de monitorización y gestión de incidentes que esos estándares exigen.
