Cumplimiento normativo · RGPD · NIS2 · ENS
cumplimiento normativo
El sector financiero chileno ya contaba antes de la Ley 21.663 con exigencias de ciberseguridad impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La nueva ley añade una capa adicional de obligaciones y crea una dualidad regulatoria que los bancos, aseguradoras y gestores de fondos deben gestionar con
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La Ley 21.663 no se limita a los operadores de importancia vital directamente identificados. Tiene también un impacto indirecto pero significativo sobre los proveedores de servicios tecnológicos que dan soporte a esos operadores: empresas de software, integradores de sistemas, proveedores cloud, gestores de comunicaciones y cualquier otro tercero con
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La Ley 21.663 está en vigor y los plazos de adecuación avanzan. Aunque la ANCI aún está en proceso de emitir todas las normas técnicas de desarrollo, las organizaciones que operen en sectores críticos en Chile no pueden esperar a tener todos los detalles para empezar a prepararse. El
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La Ley 21.663 introduce la obligación para los operadores de importancia vital de someterse a auditorías periódicas de ciberseguridad. Estas auditorías tienen como objetivo verificar que los controles de seguridad implementados son adecuados, que los planes de continuidad son viables y que los procedimientos de notificación de incidentes funcionan
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Costa Rica no cuenta aún con una ley específica de ciberseguridad comparable a la Ley 21.663 chilena o la NIS2 europea. Sin embargo, dispone de un conjunto de normas sectoriales, políticas públicas y una estrategia nacional que configuran un marco regulatorio en construcción que las organizaciones que operan en
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Tras el catastrófico ataque de Conti en 2022, que paralizó durante semanas los sistemas de numerosas instituciones públicas costarricenses, el gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2023-2027. El documento establece cinco ejes de acción: gobernanza, cultura de ciberseguridad, capacidades nacionales, cooperación internacional e infraestructuras críticas. En el eje de
Privacidad
La Ley 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, es la principal norma de referencia en materia de privacidad en Costa Rica. Aunque fue aprobada en 2011 —antes del auge de la conciencia global sobre protección de datos que trajo el RGPD europeo—
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En Costa Rica, el sector financiero está sometido a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), que junto con la SUPEN (pensiones), la SUGESE (seguros) y la SUGEVAL (valores) conforma el sistema de supervisión financiera del país. Estas instituciones han emitido normativa específica sobre gestión de riesgos
RGPD
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) lleva en vigor desde 2018 y muchas pymes todavía no cumplen con sus obligaciones básicas. Las multas pueden llegar al 4% del volumen de negocio anual. ¿Qué obliga el RGPD a las pymes? * Inventario de datos personales: saber qué datos tratas, de
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Costa Rica inició formalmente su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2020 y avanza hacia convertirse en miembro de pleno derecho. Este proceso tiene implicaciones directas en múltiples ámbitos de política pública, incluyendo la ciberseguridad y la protección de datos, áreas
gestión de riesgo
Costa Rica depende de un conjunto de infraestructuras críticas cuya protección es esencial para el funcionamiento del país. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el sistema de agua potable, las telecomunicaciones, el sistema de salud de la CCSS y el sector financiero son las infraestructuras cuya interrupción tendría mayor impacto
terceros
El 60% de las brechas de datos en 2024 tuvieron como origen un tercero: un proveedor, un contratista o un socio de negocio con acceso a tus sistemas. Tu seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil de tu cadena. ¿Por qué los terceros son un riesgo? * Tienen acceso